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Para acusar a la presidenta madrileña hace falta algo más que un discurso de venganza personal sin aportar pruebas. Granados intenta librarse, y para ello no duda en utilizar lo que sea.

Para acusar a la presidenta madrileña hace falta algo más que un discurso de venganza personal sin aportar pruebas. Granados intenta librarse, y para ello no duda en utilizar lo que sea.

 

 
Menos a sí mismo, Francisco Granados lleva años inculpando y exonerando a buena parte de la cúpula del PP de Madrid, en función de sus propios intereses procesales y para intentar ganarse un horizonte penal algo menos tétrico del que parece tener garantizado.
Y es posible que, en algunos casos y sea cual sea la intención, el exsecretario general de los populares madrileños, acierte: tanto cuando inculpa a Ignacio González, cuando  salva a la dirección nacional de su partido; es probable que le asista una parte de razón y que en un caso haya responsabilidades serias de carácter penal y en el otro, mero desconocimiento de los tejemanejes.
Todo lo que diga Granados hay que ponerlo en cuarentena: antes dijo otra cosa y mañana sostendrá la contraria 
Pero lo sustantivo es que Granados está acusado de delitos gravísimos de corrupción, sustentados en acusaciones firmes de la Fiscalía, diligencias precisas del juez y pruebas contundentes de los Cuerpos de Seguridad; que convierten todos sus testimonios en un parte de la legítima estrategia personal para aminorar las condenas a las que puede enfrentarse.
No declarar contra uno mismo y tratar de repartir las responsabilidades personales con otros dirigentes políticos, elevándolas incluso para simular ser una pieza secundaria, forma parte de la estrategia de defensa de cualquier acusado cuando ve que el agua le llega al cuello y trata de presentarse como un simple rehén de las andanzas de otros con mayor jerarquía.
Por eso conviene poner en cuarentena las declaraciones judiciales o públicas de cualquier encausado, especialmente si son contradictorias con otras anteriores o subsiguientes, algo sencillo de percibir en el caso de quien fuera número dos del PP en Madrid y consejero de Justicia o de Transporte: a lo largo de este tiempo, lo mismo ha señalado que esquivado a Esperanza Aguirre, en lo que parece ser más una estrategia de supervivencia penal que un episodio de amnesia ocasional o de repentino recuerdo.
Especialmente desagradable, y con aroma a venganza vulgar, es fabular con la intimidad de Cristina Cifuentes para situarla en el centro de una trama, pese a que no se presenta prueba alguna y el puesto de la hoy presidenta autonómica en aquel PP era residual y alejado del centro de decisión de Aguirre. A quien, hasta el momento al menos, ningún juez ha imputado nada, por lamentable -y asumido con su marcha de toda actividad política- que haya sido el penoso comportamiento de sus más estrechos colaboradores.
Querella a Granados
Es lógico que Cifuentes haya anunciado una querella contra Granados, y en el viaje de analizar los hechos convendría apartar rápidamente toda alusión a la vida privada de nadie, especialmente cuando los afectados lo niegan y el acusador es incapaz de demostrar nada.
 

El PP madrileño combinó una gestión brillante con una corrupción pestilente. Señalar por ello a Cifuentes es osado
 
Pero más importante es la derivada política, sobre la que solamente cabe alcanzar una conclusión escalofriante entre los resultados objetivos de la gestión de Aguirre -más que positivos en términos de renta, empleo o avance escolar- y el pestilente hábitat en que esa política se desarrollaba.
Si alguien ha asumido hasta ahora la necesidad de purgar esos pecados ha sido Cifuentes, porque probablemente no le quedaba más remedio y porque además se lo creía, tal y como demuestra su decisión de acudir a los tribunales en el caso del Canal de Isabel II, origen del escandaloso procesamiento de Ignacio González y de la dimisión de todos sus cargos por parte de Esperanza Aguirre.
A dar ejemplo
Para echar tierra sobre la narración de los distintos autos, que no citan a Cifuentes como responsable de nada; y obviar que los hechos la alejan de las decisiones clave en los últimos años; hace falta algo más que el testimonio interesado de alguien que sólo quiere salvarse y, de paso, vengarse de aquellos que a su juicio han intentado hacerle responsable único de un inmenso escándalo que obviamente tiene varios protagonistas.
Y que políticamente juzga al conjunto del PP madrileño y le obliga a ser intransigente con la corrupción, modélico en la transparencia y pionero en cuantas medidas puedan ayudar a devolverle a la ciudadanía una confianza esencial en su clase política.
 
 

Editorial

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Antonio Martín BeaumontDirector de ESdiario

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