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La Fiscalía estudia rebajar el castigo en determinados insultos en redes sociales

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La Fiscalía General del Estado considera “necesario” realizar una adecuada ponderación entre el ejercicio de las libertades de opinión, información o expresión ?incluida la cultural, artística o humorística?, y el carácter delictivo de aquellas conductas que “implican una incitación a la comisión de hechos discriminatorios o de humillación a las víctimas o exaltación de sus autores”.

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La Físcalía advierte en su memoria la existencia de un “progresivo aumento” de los delitos de odio, facilitado por el uso de Internet y las redes sociales, “y su particular gravedad desde la perspectiva del deterioro de los valores democráticos”.
Para modificar o rebajar la intensidad punitiva en este tipo de casos, el Ministerio Público propone como alternativas la imposición de multas, o trabajos en beneficio de la comunidad relacionados con el delito cometido y que permitan “su reinserción social mediante el conocimiento y la aceptación de sus víctimas”.
Según la Fiscalía, se observan dos tendencias. “La primera, entender que todo comentario ofensivo o “no políticamente correcto” constituye delito de odio, corriente que ha provocado un incremento de denuncias por manifestaciones verbales provocativas pero que no inducen al odio”, sostiene la institución.
Según María José Segarra la “extensión actual” de las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación “intensifica de forma exponencial el daño de afirmaciones o mensajes que, en otro momento, podían haber limitado sus perniciosos efectos a un reducido y seleccionado grupo de destinatarios”.
Según destaca la Fiscalía, quien incita a la violencia en una red social “sabe que su mensaje se incorpora a las redes telemáticas con vocación de perpetuidad”. Además, considera que el autor “carece de control sobre su zigzagueante difusión, pues desde que ese mensaje llega a manos de su destinatario, éste puede multiplicar su impacto mediante sucesivos y renovados actos de transmisión”.

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María José Segarra Crespo
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La fiscal general del Estado, María José Segarra
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Fuente: Cadena SER

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